Lex mercatoria en los contratos internacionales: Principios UNIDROIT, CISG y ley aplicable para una empresa española

Índice 10 sections
  1. Qué significa lex mercatoria
  2. De qué se compone la lex mercatoria y cómo se vuelve vinculante cada parte
  3. Los Principios UNIDROIT: qué son y cuándo se aplican
  4. La Convención de Viena (CISG) y España
  5. Cómo se elige la ley aplicable a un contrato internacional
  6. El lado financiero: cómo cambia el dinero según la ley elegida
  7. Qué revisar en el contrato y errores frecuentes
  8. Preguntas frecuentes
  9. Lo esencial sobre la lex mercatoria en los contratos internacionales
  10. Fuentes

La lex mercatoria es el derecho no estatal del comercio internacional: usos y reglas como los Principios UNIDROIT, los Incoterms y las UCP 600.

Ante un tribunal de la UE funciona como cláusulas del contrato; en arbitraje internacional se puede elegir directamente.

Para un exportador español, la ley elegida decide intereses de demora, riesgo de cambio, penalizaciones e indemnizaciones.

A continuación: qué significa lex mercatoria y de qué se compone, cómo se relacionan los Principios UNIDROIT con la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías (Convención de Viena o CISG), qué ley rige el contrato de una empresa española cuando las partes no han elegido ninguna y cómo esa elección cambia el dinero de la operación.

El ejemplo es un contrato ilustrativo de exportación de 3 millones de euros de una SL española, con cifras para contratos de 1 a 5 millones de euros.

El contrato y la cláusula de ley aplicable los redacta un abogado; nuestra parte es calcular cuánto vale cada cláusula.

Qué significa lex mercatoria

La lex mercatoria, el «derecho de los mercaderes», es el conjunto de reglas creado por el propio comercio internacional y no por un parlamento nacional.

En la Edad Media eran las costumbres de ferias y puertos; hoy son conjuntos de reglas escritos por organizaciones internacionales y cámaras de comercio, junto con la práctica asentada en cada sector.

La idea es dar a partes de distintos países unas reglas neutrales que un vendedor de Valencia y un comprador de Singapur lean igual.

No hay una lista cerrada, y los juristas discuten dónde acaba la lex mercatoria. Se suele considerar que incluye:

  • Los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales: una parte general del derecho de contratos que cubre la formación, la interpretación, el cumplimiento, el cambio de circunstancias y la responsabilidad.
  • Los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional (ICC): quién paga el transporte y el seguro, y cuándo pasa al comprador el riesgo de pérdida.
  • Las UCP 600 de la ICC: las reglas de los créditos documentarios que usan los bancos.
  • Usos y prácticas comerciales: formularios y cláusulas tipo que se repiten en miles de operaciones.

La Convención de Viena de 1980 (CISG) no es lex mercatoria en sentido estricto: es un tratado ratificado por Estados, y en España forma parte del derecho vigente.

Pero nació de la misma práctica, y en los litigios funciona junto a los Principios UNIDROIT, que se usan a menudo para colmar sus lagunas.

De qué se compone la lex mercatoria y cómo se vuelve vinculante cada parte

Elemento Qué regula Cuándo vincula a las partes
Principios UNIDROIT (edición de 2016) Reglas generales de contratos: interpretación, excesiva onerosidad, intereses, pagos pactados, indemnización Cuando las partes han sometido su contrato a ellos; también pueden aplicarse cuando las partes eligieron los «principios generales del derecho» o la lex mercatoria, cuando no se eligió ley, y para interpretar o completar el derecho internacional y nacional
Convención de Viena (CISG) Formación de contratos de compraventa de mercaderías, derechos y obligaciones de vendedor y comprador, remedios, indemnización Automáticamente, cuando ambas partes están en Estados contratantes o cuando la ley aplicable es la de un Estado contratante; las partes pueden excluirla
Incoterms 2020 Entrega, costes de transporte y seguro, transmisión del riesgo Cuando la regla se cita en el contrato, por ejemplo «FCA Valencia Incoterms 2020»
UCP 600 Créditos documentarios: documentos, plazos de examen, discrepancias Cuando el crédito se emite sujeto a las UCP 600, como indica su texto
Usos y prácticas Lo habitual en el sector y entre esas partes Según la CISG, las partes quedan obligadas por los usos que hayan pactado, las prácticas establecidas entre ellas y los usos ampliamente conocidos en el comercio que conocían o debían conocer

Los Principios UNIDROIT: qué son y cuándo se aplican

UNIDROIT es el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, con sede en Roma.

Publicó los Principios sobre los contratos comerciales internacionales en 1994 y los actualizó en 2004, 2010 y 2016; la edición de 2016 es la vigente.

No son un tratado ni una ley, y ningún Estado los ratifica. Su fuerza viene de que las partes o los árbitros los elijan.

El Preámbulo enumera los casos: los Principios se aplican cuando las partes han acordado que su contrato se rija por ellos; pueden aplicarse cuando las partes han acordado los «principios generales del derecho», la lex mercatoria o expresiones semejantes, y cuando no se ha elegido ninguna ley; y pueden utilizarse para interpretar o completar instrumentos internacionales de derecho uniforme y el derecho nacional.

Lo último importa en la práctica: la Convención de Viena, por ejemplo, no fija el tipo de interés de demora, y los árbitros toman a menudo la regla de los Principios.

Para un equipo financiero, destacan cinco artículos:

  • Art. 6.1.9, moneda de pago: si una deuda está expresada en una moneda distinta de la del lugar de pago, el deudor puede pagar en la moneda local al tipo de cambio vigente al vencimiento, salvo que las partes hayan acordado que el pago se haga solo en la moneda del contrato.
  • Arts. 6.2.1–6.2.3, excesiva onerosidad (hardship): cuando ciertos hechos alteran de forma fundamental el equilibrio del contrato, la parte perjudicada puede pedir la renegociación, pero no puede suspender el cumplimiento; a falta de acuerdo, un juez o árbitro puede adaptar o resolver el contrato.
  • Art. 7.4.9, intereses por falta de pago de dinero: el tipo medio de los préstamos bancarios a corto plazo a clientes de primera línea para la moneda de pago en el lugar de pago.
  • Art. 7.4.12: la indemnización se fija en la moneda de la obligación o en la moneda en que se sufrió el daño, la que resulte más apropiada.
  • Art. 7.4.13: un pago pactado por incumplimiento se debe con independencia del daño real, pero puede reducirse a una cantidad razonable si es manifiestamente excesivo.

La Convención de Viena (CISG) y España

España se adhirió a la Convención de Viena el 24 de julio de 1990, y se aplica en España desde el 1 de agosto de 1991.

A noviembre de 2026 tiene 97 Estados contratantes, entre ellos casi todos los países de la UE, Estados Unidos, China, Japón, Brasil, México, Suiza y Turquía. No son parte, entre otros, el Reino Unido, Irlanda y la India.

La Convención se aplica a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes de Estados diferentes cuando ambos Estados son contratantes (art. 1.1.a) o cuando las normas de derecho internacional privado remiten a la ley de un Estado contratante (art. 1.1.b).

Las partes pueden excluirla o apartarse de sus disposiciones (art. 6). No regula la validez del contrato ni de sus cláusulas (art. 4), que queda en manos del derecho nacional.

La conclusión práctica para una SL española: si el comprador está en Alemania, Francia o Estados Unidos y el contrato no dice nada, la operación se regirá casi con seguridad por la CISG y no por el Código Civil español.

España no hizo reserva al art. 1.1.b, así que la Convención también se aplica a un comprador del Reino Unido si el contrato se rige por la ley española.

Muchas empresas excluyen la CISG por costumbre, sin calcular qué pierden y qué ganan; las cifras de abajo muestran cómo cambia el dinero.

Cómo se elige la ley aplicable a un contrato internacional

En la UE, la ley de un contrato la determina el Reglamento Roma I (593/2008), que un tribunal español aplica a cualquier contrato internacional, también con una empresa de fuera de la UE.

  • Elección de las partes (art. 3). El contrato se rige por la ley elegida por las partes, de forma expresa o que resulte claramente del contrato. La elección puede abarcar todo el contrato o solo una parte.
  • Sin elección (art. 4). La compraventa de mercaderías se rige por la ley del país de residencia habitual del vendedor; los servicios, por la del país del prestador. Para un exportador español, un contrato mudo significa ley española y, a través de ella, la CISG.
  • La lex mercatoria ante un tribunal. El Reglamento no impide a las partes incorporar por referencia a su contrato un derecho no estatal o un convenio internacional (considerando 13). Pero ante un tribunal estatal esas reglas funcionan como cláusulas del contrato, mientras que la ley aplicable sigue siendo la de un Estado, y sus normas imperativas se aplican por encima de los Principios UNIDROIT.
  • Leyes de policía (art. 9). Las normas que un Estado considera esenciales para su interés público se aplican sea cual sea la ley elegida; por ejemplo, sanciones y controles de cambios.

El arbitraje internacional ofrece más libertad.

La Ley 60/2003 de Arbitraje establece que en el arbitraje internacional los árbitros deciden según las «normas jurídicas elegidas por las partes» y, a falta de elección, las que consideren apropiadas; en todo caso deciden con arreglo al contrato y tienen en cuenta los usos aplicables (art. 34).

Así que someter un contrato directamente a los Principios UNIDROIT o a la lex mercatoria solo funciona junto con una cláusula de arbitraje.

En la práctica, una fórmula habitual es «ley española, incluida la CISG, con las lagunas cubiertas por los Principios UNIDROIT»: el derecho nacional aporta previsibilidad y los Principios, reglas neutrales para la parte extranjera.

Cómo se elige la ley de un contrato de exportación1Objetomercaderías: CISG; servicios: fuera2Países de las partesCISG: 97 Estados contratantes3Ley aplicableelección de las partes o ley del vendedor (Roma I)4Lex mercatoriaUNIDROIT, Incoterms 2020, UCP 6005Cláusulas financierasintereses, moneda, penalización, fórmula de precio6Litigiostribunal estatal o arbitrajeFINETIC CONSULTING

El lado financiero: cómo cambia el dinero según la ley elegida

Un abogado elige la ley pensando en el foro, los plazos y la ejecutabilidad.

Un equipo financiero mira otra cosa: según cada opción, los intereses de demora, las penalizaciones, las diferencias de cambio, la revisión del precio y la indemnización se calculan de forma distinta. Veamos un ejemplo ilustrativo.

Ejemplo ilustrativo. Una SL española vende maquinaria industrial a un comprador de otro país de la UE por 3.000.000 €.

Un anticipo del 30%, 900.000 €; el 70% restante, 2.100.000 €, se paga a 60 días de la entrega.

El coste es el 85% del precio, del que 1.200.000 € son acero y componentes; el margen previsto es de 450.000 €, un 15%. Todas las cifras son ilustrativas y se han calculado con un script.

Intereses de demora: Directiva 2011/7/UE y Ley 3/2004

La Directiva europea de morosidad 2011/7 fija un interés legal de al menos el tipo de referencia del BCE más 8 puntos porcentuales, un plazo de pago entre empresas de no más de 60 días salvo pacto expreso que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor, y una compensación mínima por costes de cobro de 40 €.

España la transpuso de forma más estricta.

Según la Ley 3/2004: si el contrato no fija plazo, el pago vence a los 30 días de recibir las mercancías; las partes pueden ampliarlo, pero nunca por encima de 60 días; el interés es el pactado o, a falta de pacto, el tipo del BCE más 8 puntos; más 40 € fijos y los costes de cobro acreditados que los superen; una cláusula que excluya los intereses o la compensación es nula.

En el segundo semestre de 2026 el tipo legal es del 10,40% anual (tipo del BCE del 2,40% más 8 puntos).

Con la CISG, en cambio, el comprador que paga tarde debe intereses, pero la Convención no dice a qué tipo (art. 78).

El tipo se toma de la ley que se aplique para colmar la laguna o de los Principios UNIDROIT: el tipo medio de los préstamos bancarios a corto plazo a clientes de primera línea. La diferencia se nota:

Contrato 70% pendiente 90 días de retraso al 10,40% (Ley 3/2004) 90 días a un 4% ilustrativo Diferencia
1.000.000 € 700.000 € 17.951 € 6.904 € 11.047 €
3.000.000 € 2.100.000 € 53.852 € 20.712 € 33.140 €
5.000.000 € 3.500.000 € 89.753 € 34.521 € 55.233 €

El 4% es una referencia ilustrativa para un préstamo bancario a un cliente de primera línea, no una cifra oficial.

Para el vendedor, la lección es fijar en el contrato el interés de demora como cifra o fórmula, por ejemplo «tipo del BCE + 8 puntos» o un 12% anual; al 12%, esos mismos 90 días en nuestro contrato cuestan 62.137 €.

Para el comprador es al revés: el silencio bajo la ley española sale más caro.

Cómo los plazos de pago de un comprador se convierten en un agujero de tesorería del vendedor, en Desfase de tesorería.

Moneda y riesgo de tipo de cambio

Supongamos que el comprador insiste en un precio en dólares: 3.300.000 $ a 1,10 dólares por euro, los mismos 3.000.000 €. Los 2.310.000 $ pendientes llegan unos meses después:

  • a 1,20 dólares por euro el vendedor recibe 1.925.000 € en lugar de 2.100.000 €, una pérdida de 175.000 €, el 39% del margen previsto;
  • a 1,00 recibe 2.310.000 €, una ganancia de 210.000 €.

Ni la Convención de Viena ni la ley española de morosidad protegen frente al tipo de cambio: el riesgo es de la parte cuya moneda no coincide con la del contrato.

Según los Principios UNIDROIT, el deudor puede pagar en moneda local al tipo de la fecha de pago salvo que el contrato exija pagar solo en la moneda del contrato, así que el contrato fija la moneda de pago, la fuente del tipo de cambio y la fecha de fijación.

El resto son herramientas financieras: un seguro de cambio (forward), una cuenta en divisa con costes en la misma moneda, un anticipo mayor.

Dónde guardar la divisa de una empresa, en Cuenta bancaria de empresa en España.

Cláusulas penales

Una cláusula ilustrativa: por retraso en la entrega, el vendedor paga el 0,5% del precio por semana, con un tope del 10% del precio.

Seis semanas de retraso cuestan 90.000 €, y el tope de 300.000 € se alcanza en la semana 20. Qué pasa con ese importe en un litigio depende de la ley:

  • Código Civil español: la pena sustituye a la indemnización de daños y al abono de intereses salvo pacto en contrario (art. 1152); el juez solo la modera cuando la obligación se ha cumplido en parte o irregularmente (art. 1154).
  • Principios UNIDROIT: la cantidad se debe con independencia del daño real, pero puede reducirse a una cantidad razonable si es manifiestamente excesiva (art. 7.4.13).
  • La CISG no dice nada de las cláusulas penales y deja su validez al derecho nacional (art. 4).

De ahí dos reglas financieras.

Primera: si el vendedor quiere que el comprador pueda reclamar daños además de la pena o, al revés, quiere limitar su responsabilidad a la pena, el contrato tiene que decirlo: con la ley española, por defecto la pena sustituye a la indemnización.

Segunda: compara el tope de la penalización con el margen. En nuestro ejemplo, el tope de 300.000 € equivale a dos tercios del beneficio previsto de la operación.

Excesiva onerosidad y revisión del precio

Supongamos que el acero y los componentes suben un 40% entre la firma y la fabricación.

El coste aumenta 480.000 € frente a un margen de 450.000 €, y el contrato pasa a perder 30.000 €. ¿Se puede revisar el precio?

  • La CISG exonera de responsabilidad solo por un impedimento ajeno a la voluntad de la parte que no cabía razonablemente esperar que tuviera en cuenta al celebrar el contrato, que evitara o que superara (art. 79). No tiene una regla aparte para el cumplimiento que simplemente se ha encarecido.
  • Los Principios UNIDROIT permiten pedir la renegociación cuando el equilibrio del contrato se altera de forma fundamental, los hechos ocurren después de la celebración, no podían haberse tenido en cuenta razonablemente, escapan al control de la parte y esta no asumió su riesgo; un juez o árbitro puede entonces adaptar el contrato.
  • El Código Civil español no tiene una norma general de excesiva onerosidad. El Tribunal Supremo aplica la cláusula rebus sic stantibus, que revisa un contrato tras un cambio imprevisible de circunstancias, solo de forma excepcional; la fuerza mayor exonera de responsabilidad por sucesos que no pudieron preverse o eran inevitables (art. 1105).

En lugar de confiar en la excesiva onerosidad, escribe una fórmula.

Una cláusula ilustrativa: si un índice de coste de materiales varía más de un 10%, la variación por encima de ese umbral se reparte a partes iguales.

En nuestro caso, eso suma 180.000 € al precio: el vendedor conserva un margen de 150.000 € (4,7%) en lugar de una pérdida, y el comprador paga menos que todo el aumento de coste.

Cómo incorporar de antemano estos escenarios a las cifras, en Modelo financiero: cálculos y escenarios.

Indemnización según la Convención de Viena (arts. 74–78)

Según la CISG, la indemnización equivale a la pérdida sufrida, incluido el lucro cesante, pero no puede superar lo que la parte incumplidora previó o debió prever al celebrar el contrato (art. 74).

Si se resuelve el contrato y una parte ha hecho una operación de reemplazo de forma razonable y en un plazo razonable, recupera la diferencia de precio más los demás daños (art. 75); sin operación de reemplazo, la diferencia con el precio corriente (art. 76).

La parte debe adoptar medidas razonables para reducir la pérdida; si no, la indemnización se reduce en lo que podría haberse evitado (art. 77).

Un caso ilustrativo: el comprador se niega a recibir la maquinaria, el vendedor resuelve el contrato y dos meses después la vende a otro cliente por 2.550.000 €.

El almacenaje y el transporte adicional cuestan 45.000 €; la entrega al primer comprador, que ya no hace falta, ahorra 20.000 €.

Partida Importe
Precio del contrato 3.000.000 €
Precio de la venta de reemplazo −2.550.000 €
Gastos adicionales (almacenaje, transporte) +45.000 €
Gastos ahorrados −20.000 €
Indemnización del vendedor (art. 75) 475.000 €
Anticipo del comprador en poder del vendedor 900.000 €
Devolución al comprador tras la compensación (si la ley aplicable la permite) 425.000 €

Si el vendedor hubiera esperado seis meses y vendido la maquinaria por 2.400.000 €, el comprador podría alegar que 150.000 € de la pérdida eran evitables (art. 77).

La lección financiera es documentar cada cifra: ofertas de nuevos compradores, precios, costes de almacenaje.

En un litigio no gana quien tiene la pérdida mayor, sino quien la prueba.

Si la empresa puede absorber un escenario así sin pedir un préstamo lo muestra un presupuesto de tesorería.

Qué revisar en el contrato y errores frecuentes

  1. No se ha elegido ley aplicable. Para un exportador español significa ley española y casi siempre la CISG. El problema no es eso, sino que nadie ha puesto precio a las consecuencias.
  2. CISG excluida por costumbre. La exclusión cambia las reglas sobre plazos de reclamación, indemnización e intereses. Decide después de hacer números, no por una plantilla.
  3. «Regido por la lex mercatoria» sin arbitraje. Ante un tribunal estatal no sustituirá a la ley de un Estado; necesitas una cláusula de arbitraje o una ley nacional concreta más los Principios UNIDROIT para colmar lagunas.
  4. Sin tipo de interés de demora. La diferencia entre el 10,40% y un tipo bancario en un contrato de 5 millones de euros durante 90 días supera los 55.000 €.
  5. Moneda sin fuente del tipo de cambio. Fija la moneda del contrato, la moneda de pago, la fuente del tipo y la fecha de fijación.
  6. Penalización desligada de los daños. Con la ley española, por defecto sustituye a la indemnización; si las partes quieren otra cosa, deben decirlo.
  7. Sin fórmula de revisión del precio. La excesiva onerosidad legal es la excepción; una cláusula de índice con umbral es más fiable.
  8. Incoterms sin versión ni lugar. «FCA» sin «Valencia Incoterms 2020» no dice dónde pasa el riesgo ni quién paga.

Las condiciones financieras de un contrato grande conviene revisarlas junto con el modelo financiero de la operación: cómo cambian el margen y la caja los plazos de pago, el tipo de cambio, las penalizaciones y un escenario de subida de costes.

Puedes hacerlo con nosotros; la página de Modelización financiera explica cómo se construye ese modelo.

Si el contrato forma parte de la compra de una empresa, las obligaciones que derivan de él se revisan en la due diligence.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la lex mercatoria en palabras sencillas?

Es el derecho creado por el propio comercio internacional: costumbres, práctica sectorial y conjuntos de reglas como los Principios UNIDROIT, los Incoterms y las UCP 600.

Lo elaboran la comunidad empresarial y las organizaciones internacionales, no los Estados, y eso lo hace neutral para partes de distintos países.

¿Qué ejemplos hay de lex mercatoria?

Los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales, los Incoterms 2020 y las UCP 600 de la ICC, y las costumbres y cláusulas tipo de cada sector.

La Convención de Viena de 1980 es un tratado, pero nació de la misma práctica.

¿Qué edición de los Principios UNIDROIT está vigente?

La vigente es la de 2016, después de las de 1994, 2004 y 2010.

Los Principios no se ratifican: se aplican cuando las partes o los árbitros los eligen, y se usan para interpretar y completar el derecho nacional y los convenios.

¿Se aplica la CISG en España?

Sí, España es Estado contratante desde el 1 de agosto de 1991.

La Convención se aplica a las compraventas de mercaderías con un comprador de otro Estado contratante y también cuando el contrato se rige por la ley española. Las partes pueden excluirla de forma expresa en el contrato.

¿Se puede elegir la lex mercatoria como ley aplicable?

En el arbitraje internacional, sí: la Ley de Arbitraje permite a las partes elegir «normas jurídicas», no solo la ley de un Estado.

Ante un tribunal estatal de la UE, la lex mercatoria funciona como cláusulas del contrato, y la ley aplicable sigue siendo la de un Estado.

¿Regula la CISG las cláusulas penales?

No. La Convención no regula las cláusulas penales y deja su validez al derecho nacional.

Con la ley española, la pena sustituye por defecto a la indemnización y a los intereses, mientras que con los Principios UNIDROIT una cantidad manifiestamente excesiva puede reducirse.

¿Cuál es el interés de demora entre empresas en España?

El pactado o, si el contrato no dice nada, el tipo del BCE más 8 puntos según la Ley 3/2004.

En el segundo semestre de 2026 es del 10,40% anual, más 40 € fijos y los costes de cobro acreditados.

¿Qué diferencia hay entre excesiva onerosidad y fuerza mayor?

La fuerza mayor exonera de responsabilidad cuando un impedimento ajeno al control de la parte impide cumplir.

La excesiva onerosidad se aplica cuando cumplir sigue siendo posible, pero el equilibrio del contrato se ha alterado de forma fundamental; la parte afectada puede entonces pedir la renegociación.

Lo esencial sobre la lex mercatoria en los contratos internacionales

  • La lex mercatoria es el derecho no estatal del comercio: los Principios UNIDROIT, los Incoterms, las UCP 600 y los usos sectoriales.
  • La Convención de Viena se aplica en España desde 1991 y casi siempre rige las exportaciones de una empresa española salvo que se excluya.
  • Ante un tribunal de la UE, la lex mercatoria funciona como cláusulas del contrato y la ley aplicable es la de un Estado; en el arbitraje internacional se puede elegir directamente.
  • La ley elegida cambia el dinero: intereses de demora (10,40% según la Ley 3/2004 en el segundo semestre de 2026, o sin tipo fijado en la CISG), penalizaciones, revisión del precio e indemnización.
  • Las condiciones financieras, como el tipo de interés, la moneda y la fuente del tipo de cambio, el tope de la penalización y la fórmula de precio, deben escribirse como cifras y probarse en un modelo antes de firmar.

Fuentes

Vladislav Panchenko

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