Compliance empresarial en España: artículo 31 bis, canal de denuncias, blanqueo, costes y efecto en el precio de una operación

Índice 11 sections
  1. Qué significa el compliance empresarial en España
  2. Compliance penal: el artículo 31 bis del Código Penal
  3. Canal de denuncias según la Ley 2/2023
  4. Blanqueo de capitales: la Ley 10/2010 y el límite de efectivo
  5. Sanciones para las empresas: cuánto está en juego
  6. Cuánto cuesta un programa de compliance para una empresa de 50 a 500 empleados
  7. El compliance en la due diligence y en la valoración de la empresa
  8. Qué revisar y errores frecuentes
  9. Preguntas frecuentes
  10. Lo esencial sobre el compliance penal en las empresas
  11. Fuentes

El compliance penal en las empresas españolas se apoya en tres regímenes: un modelo de prevención de delitos del artículo 31 bis del Código Penal, que puede eximir de pena a la sociedad; un canal de denuncias, obligatorio desde 50 trabajadores; y la normativa de blanqueo para sujetos obligados. En nuestro ejemplo, 200 empleados cuestan 54.000–77.000 € al año.

A continuación: qué exige la ley española a una empresa, qué sanciones afronta la propia sociedad y no solo sus administradores, cuánto cuesta un programa de compliance para una empresa de 50 a 500 empleados y cómo tenerlo, o no tenerlo, cambia el precio cuando se compra o se vende un negocio.

En Finetic somos asesores financieros, no abogados: el modelo, las políticas y cualquier defensa en juicio los prepara un abogado especialista en compliance.

Nosotros mostramos cuánto cuesta y cómo entra en los números de la operación.

Qué significa el compliance empresarial en España

El compliance (cumplimiento normativo) es un conjunto de normas, controles y personas que evita que la empresa infrinja la ley y, si aun así hay un incumplimiento, le permite detectarlo pronto y demostrar que hizo todo lo posible.

En España no existe una única «ley de compliance». Para una empresa mediana cuentan tres regímenes, cada uno con su ley, su ámbito y sus sanciones.

Régimen A quién se aplica Qué hace falta Sanción para la sociedad
Compliance penal, art. 31 bis del Código Penal Cualquier sociedad; la ley no lo impone, pero sin modelo no hay defensa Un modelo de prevención de delitos con seis elementos y un órgano de supervisión Multas, suspensión de actividades hasta 5 años, exclusión de subvenciones y contratos públicos hasta 15 años, disolución
Canal de denuncias, Ley 2/2023 Empresas con 50 o más trabajadores; servicios financieros y sujetos obligados de blanqueo sea cual sea su tamaño Un sistema interno de información, un responsable del sistema, una política y un libro-registro Hasta 1.000.000 € por no tener sistema
Prevención del blanqueo, Ley 10/2010 Bancos, empresas de servicios de inversión, inmobiliarias, auditores, contables, asesores fiscales, abogados en operaciones, comerciantes de bienes de alto valor y otros Diligencia debida con los clientes, análisis de riesgo, control interno, examen externo Hasta el 10 % de la facturación o 10 millones de euros por una infracción muy grave

A estos tres se suma el compliance sectorial: protección de datos, competencia, fiscal, prevención de riesgos laborales.

No los tratamos aquí en detalle: para una evaluación financiera suelen bastar los tres regímenes de la tabla más los riesgos fiscales, que vemos más abajo.

Compliance penal: el artículo 31 bis del Código Penal

Desde 2010, una persona jurídica en España puede ser condenada por sí misma.

La sociedad responde de los delitos cometidos en su beneficio por sus representantes legales y por quienes están autorizados a tomar decisiones o ejercen facultades de control, y de los delitos de sus subordinados cuando los directivos han incumplido gravemente los deberes de supervisión (art. 31 bis.1).

La responsabilidad existe aunque no se haya identificado al empleado concreto o no se le pueda juzgar (art. 31 ter).

La sociedad no responde de cualquier delito, solo de los previstos en el Código Penal.

Para un negocio corriente, los principales son los delitos contra la Hacienda Pública, la corrupción entre particulares, el cohecho, la estafa, el blanqueo de capitales, los delitos contra los derechos de los trabajadores, los medioambientales y los de datos. Un abogado cruza la lista con el sector de la empresa.

Cuándo el modelo exime a la sociedad

La sociedad queda exenta si, antes del delito, el órgano de administración adoptó y ejecutó con eficacia un modelo de organización y gestión, la supervisión del modelo se confió a un órgano con poderes autónomos, los autores eludieron fraudulentamente el modelo y el órgano de supervisión no omitió sus funciones.

Si esto solo se acredita en parte, la pena se atenúa (art. 31 bis.2 y 4).

El modelo debe contener seis elementos (art. 31 bis.5): un mapa de las actividades en las que pueden cometerse delitos; protocolos para la toma y ejecución de decisiones; una gestión de los recursos financieros que impida los delitos; la obligación de informar de los riesgos al órgano de supervisión; un sistema disciplinario; y la verificación periódica y actualización del modelo.

Para un profesional de las finanzas, el tercer elemento es el clave: el modelo debe ver adónde va el dinero, con límites de firma, controles de pagos y revisión de gastos de representación e intermediarios.

En una sociedad «de pequeñas dimensiones», el propio órgano de administración puede hacer de órgano de supervisión.

Es la que puede presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada: durante dos ejercicios consecutivos no supera dos de tres umbrales, a saber, 11,4 millones de euros de activo, 22,8 millones de cifra de negocios y 250 trabajadores (art. 31 bis.3 del Código Penal y art. 258 de la Ley de Sociedades de Capital).

Una empresa de 200 empleados, 40 millones de facturación y un activo por encima del umbral ya no es pequeña: necesita un órgano o un responsable de compliance independiente.

Certificación UNE 19601 y la visión de la Fiscalía

La UNE 19601 es la norma española de sistemas de gestión de compliance penal.

La Asociación Española de Normalización (UNE) publicó la nueva UNE 19601:2025 el 24 de abril de 2025, que sustituye a la versión de 2017; una norma hermana, la UNE 19602, trata el compliance tributario.

Un sistema construido según la norma puede certificarlo un organismo independiente.

El certificado ayuda, pero no sustituye el trabajo.

En la Circular 1/2016, la Fiscalía General del Estado señaló que un certificado es solo un elemento adicional y en ningún caso acredita la eficacia del programa; eso lo valora el tribunal.

Por eso inversores y tribunales buscan pruebas de que el modelo funciona: formación, revisiones, investigaciones, medidas disciplinarias.

Canal de denuncias según la Ley 2/2023

El sistema interno de información es obligatorio para las empresas con 50 o más trabajadores y, sea cual sea su plantilla, para las de servicios financieros y las sujetas a la normativa de blanqueo, incluidas las empresas extranjeras que operan en España a través de una sucursal o de agentes (art. 10).

Las grandes empresas debían implantar el sistema antes de junio de 2023 y las de hasta 249 trabajadores, antes del 1 de diciembre de 2023.

El órgano de administración implanta el sistema previa consulta con la representación de los trabajadores y nombra al responsable del sistema, que en el sector privado debe ser un directivo; hay que comunicarlo a la Autoridad Independiente de Protección del Informante en 10 días hábiles.

La recepción de comunicaciones puede externalizarse en un proveedor, un grupo puede tener un único sistema y las empresas de 50 a 249 trabajadores pueden compartirlo.

Las comunicaciones y las investigaciones se anotan en un libro-registro, y los datos personales se conservan como máximo 10 años.

La Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) funciona desde el 1 de septiembre de 2025; en enero de 2026 publicó recomendaciones sobre los sistemas internos y en febrero abrió el formulario para comunicar el responsable del sistema. La supervisión de los canales de denuncia ya no es una formalidad.

Para el compliance penal, el canal es el cuarto elemento del modelo del art. 31 bis.5, la obligación de informar de los riesgos. Así que un mismo sistema suele cubrir los dos requisitos.

Blanqueo de capitales: la Ley 10/2010 y el límite de efectivo

La ley española de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo no se aplica a todo el mundo.

Son sujetos obligados, entre otros, los bancos, las aseguradoras de vida, las empresas de servicios de inversión, las gestoras de fondos y de capital riesgo, las entidades de pago, los intermediarios de crédito, los promotores y agentes inmobiliarios, los auditores, los contables externos, los asesores fiscales, los notarios, los abogados en operaciones, los proveedores de servicios de constitución de sociedades, los casinos y los comerciantes de joyas y arte.

Cualquier comerciante de bienes queda sujeto a parte de las obligaciones en las operaciones en las que un particular no residente paga más de 10.000 € en efectivo.

Un sujeto obligado necesita identificar al cliente y al titular real, un análisis de riesgo, procedimientos internos, formación y comunicación de operaciones sospechosas.

El control interno lo revisa cada año un experto externo; en los dos años siguientes, el informe completo puede sustituirse por un informe de seguimiento de las recomendaciones.

El art. 26 bis exige un canal interno, también para comunicaciones anónimas, de las infracciones en materia de blanqueo.

Desde el 10 de julio de 2027 se aplicará el Reglamento (UE) 2024/1624 sobre blanqueo, con normas uniformes en toda la UE; el presupuesto para actualizar los procedimientos ya tiene sitio en el plan de 2027.

Incluso una empresa que no es sujeto obligado está sujeta al límite de pagos en efectivo.

Cuando al menos una de las partes actúa como empresario o profesional, no se pueden pagar en efectivo 1.000 € o más (10.000 € para un particular no residente que no actúe como empresario).

La multa es del 25 % del importe, y pagador y receptor responden solidariamente (art. 7, Ley 7/2012).

Sanciones para las empresas: cuánto está en juego

Las multas penales a una sociedad se fijan en cuotas diarias: hasta 5 años, con una cuota de 30 € a 5.000 € diarios y años de 360 días.

El tribunal fija la cuota según la situación económica de la sociedad (art. 50). En algunos delitos, la multa es proporcional al perjuicio o al beneficio.

Infracción Multa para la sociedad Otras consecuencias
Delito fiscal, cuota defraudada de más de 120.000 € Del tanto al duplo de la cuota defraudada; por encima de 600.000 €, del duplo al cuádruplo Pérdida de subvenciones e incentivos fiscales durante 3–6 años
Corrupción entre particulares 2–5 años de multa por cuotas, o del triple al quíntuple del beneficio si es mayor Prohibición de contratar con el sector público
Cohecho de funcionarios públicos Hasta 2–5 años de multa por cuotas, o del triple al quíntuple del beneficio Penas del art. 33.7
Blanqueo de capitales (penal) De 6 meses a 5 años de multa por cuotas Penas del art. 33.7
Sin canal de denuncias 600.001–1.000.000 € Sin subvenciones hasta 4 años, sin contratos públicos hasta 3 años
Blanqueo, infracción muy grave Desde 150.000 € hasta el 10 % de la facturación, el duplo del importe de la operación o 10 millones de euros Multas a los administradores de hasta 10 millones de euros

La multa no es la mayor pérdida.

Un tribunal puede suspender actividades o clausurar locales hasta 5 años e inhabilitar a la sociedad para subvenciones, contratos públicos e incentivos fiscales hasta 15 años.

Una sociedad condenada por corrupción entre particulares, cohecho, estafa, delito fiscal o blanqueo no puede ser adjudicataria de contratos públicos; el plazo lo fija la sentencia o, si no lo fija, es de hasta 5 años.

En las infracciones muy graves de la Ley 2/2023, la prohibición puede levantarse con el «self-cleaning» —pagar la multa y adoptar medidas organizativas—, pero tras una condena penal esa vía no existe (arts. 71–72 de la Ley de Contratos del Sector Público).

Para una empresa que obtiene un tercio de sus ingresos de contratos públicos, es una cuestión de supervivencia.

Las penas se atenúan por confesar antes de conocer el procedimiento, colaborar aportando pruebas nuevas y decisivas, reparar el daño y, lo que importa al comprador, implantar medidas eficaces de prevención antes del juicio oral (art. 31 quater).

Compliance empresarial en España: las piezas1Mapa de riesgosqué delitos podría cometer el negocio2Modelo del art. 31 bisprotocolos, controles financieros, disciplina3Canal de denunciasdesde 50 trabajadores, Ley 2/20234Blanqueo y efectivoLey 10/2010, límite de 1.000 € en efectivo5Supervisión y revisiónresponsable, formación, revisión del modelo6Precio en una operacióndue diligence, rebaja de precio, escrowFINETIC CONSULTING

Cuánto cuesta un programa de compliance para una empresa de 50 a 500 empleados

No hay estadísticas oficiales de precios: los asesores presupuestan tras un análisis de riesgos, y un programa para una empresa logística no se parece al de una promotora.

Abajo, un presupuesto ilustrativo construido partida a partida. Las cifras son hipótesis nuestras, no una lista de precios; las referencias de mercado van aparte.

Empresa de ejemplo: una SL española, 200 empleados, 40 millones de euros de ingresos, 5 millones de EBITDA, actividad en España, no es sujeto obligado de blanqueo y parte de sus ingresos procede de contratos públicos.

Partida Primer año, € Años siguientes, € al año
Mapa de riesgos y modelo (abogado de compliance externo) 25.000 —
Canal de denuncias: software e implantación 3.000 1.200
Formación para 200 empleados 8.000 4.000
Compliance officer al 50 % de jornada, con Seguridad Social a cargo de la empresa 36.000 36.000
Revisión de terceros e intermediarios 5.000 5.000
Revisión independiente del modelo — 8.000
Total 77.000 54.200

Es el 0,19 % de los ingresos y el 1,5 % del EBITDA el primer año, y después el 0,14 % y el 1,1 %.

La certificación UNE 19601 añade, según nuestra hipótesis, unos 12.000 € el primer año y 6.000 € al año de auditorías de seguimiento, con lo que el total queda en 89.000 € y 60.200 €.

Referencias para contrastar las hipótesis: el salario base de un compliance officer con experiencia en España ronda los 54.000 € al año y el de un compliance manager, unos 75.000 € (Payscale, 2026); los canales de denuncia como servicio empiezan en unos 25 € al mes para empresas de hasta 200 empleados.

Una empresa de 50 a 100 empleados suele arreglárselas sin una contratación a jornada completa: el director financiero o el abogado interno asume el papel y el canal se comparte con otras empresas.

En cambio, una empresa de 500 empleados con una cadena de suministro compleja tiene un equipo de 2–3 personas, y el presupuesto se multiplica.

Compáralo con el riesgo del mismo ejemplo: una sola cuota defraudada de 700.000 € expone a la sociedad a una multa de 1,4–2,8 millones de euros, y el cohecho, a hasta 9 millones con la cuota diaria máxima.

Tanto el presupuesto de compliance como el riesgo tienen sitio en el modelo financiero como partidas separadas: un gasto operativo y una provisión por riesgos.

El compliance en la due diligence y en la valoración de la empresa

Cuando compras una sociedad, el riesgo pasa a ti junto con las participaciones.

Una fusión, absorción, transformación o escisión no extingue la responsabilidad penal de la sociedad: pasa a la sucesora.

Tampoco la extingue una disolución encubierta, en la que el negocio continúa con sustancialmente los mismos clientes, proveedores y empleados (art. 130.2 del Código Penal).

La compra de participaciones arrastra además los riesgos fiscales: Hacienda puede regularizar los impuestos de 4 años.

Qué revisan inversores y compradores

  • Si hay un modelo del art. 31 bis y si funciona: mapa de riesgos, protocolos, decisiones del órgano de supervisión, informes, formación, expedientes disciplinarios.
  • El canal de denuncias: si existe, si se comunicó el responsable del sistema, si se lleva el libro-registro, cuántas comunicaciones llegaron y qué se hizo con ellas.
  • Pagos de alto riesgo: comisiones a intermediarios y agentes, gastos de representación, donaciones, pagos en efectivo, contrapartes en paraísos fiscales.
  • Contratos públicos y subvenciones: la parte de los ingresos que desaparecería con una prohibición.
  • Blanqueo, si la sociedad es sujeto obligado: los informes del experto externo y su seguimiento.
  • Inspecciones, pleitos, investigaciones y litigios fiscales en curso.

El bloque de compliance forma parte de la revisión de la sociedad objetivo que hacen los abogados junto con la due diligence financiera y fiscal.

La parte financiera se describe en la página de due diligence en España, y todo el recorrido de la operación, en Comprar una empresa en España.

Cómo un riesgo detectado en la due diligence se convierte en precio

Un ejemplo ilustrativo con la misma empresa: EBITDA de 5 millones de euros, un múltiplo de 7, un valor de empresa de 35 millones.

La revisión no encuentra modelo, un canal que solo existe sobre el papel y un esquema fiscal discutible con una posible cuota defraudada de 700.000 €. El comprador razona así:

  1. Pérdida esperada. La multa máxima para la sociedad es de 2,8 millones, el cuádruplo de la cuota. Con una probabilidad del 10 %, la pérdida esperada es de 280.000 €.
  2. Coste de implantación. 77.000 € por el programa el primer año. Con la pérdida esperada, el comprador pide una rebaja de precio de 357.000 €, cerca del 1 % del precio.
  3. Normalización del EBITDA. Si la sociedad nunca ha tenido programa, el comprador añade su coste recurrente: 54.200 € × 7 = 379.400 € menos de precio. Esto lo soporta el vendedor en cualquier escenario, así que importa más eliminar las otras dos partidas.
  4. Escrow o indemnización. En lugar de rebajar el precio, los compradores piden a menudo un escrow —parte del precio retenida en una cuenta aparte hasta que acabe el periodo de riesgo— o una indemnidad específica del vendedor. Cubrir la multa fiscal máxima supone 2,8 millones, el 8 % del precio, bloqueados durante años.

La lección para el vendedor: implantar un programa uno o dos años antes de la venta cuesta menos que renunciar a un 1 % del precio y bloquear un 8 % en escrow.

Y si ya se ha producido una infracción, las medidas de prevención adoptadas antes del juicio atenúan la pena.

Cómo preparar una empresa para una operación se explica en Preparar un negocio para la venta; cómo afectan los riesgos al múltiplo, en Cómo valorar un negocio en venta y en la página de valoración de empresas.

Qué revisar y errores frecuentes

  • Un modelo solo sobre el papel. Plantillas descargadas sin un mapa de riesgos propio de la empresa, sin formación y sin revisiones. La Fiscalía y los tribunales valoran si el modelo funciona, no si existen documentos.
  • Copiar el modelo de la matriz. Políticas de un grupo extranjero no adaptadas a la lista española de delitos ni al art. 31 bis.5.
  • Un canal sin responsable. Hay un formulario en la web, pero el órgano de administración nunca nombró al responsable del sistema o no se comunicó a la A.A.I.
  • El dinero circula fuera del modelo. Sin límites de firma, sin control a cuatro ojos de los pagos, sin revisar intermediarios ni gastos de representación, aunque es el tercer elemento obligatorio del modelo.
  • Sin presupuesto. El programa se pone en marcha, pero su coste no está en el presupuesto ni en el modelo financiero, así que al año siguiente se dejan de hacer revisiones y el modelo deja de funcionar.
  • Contratos públicos sin prueba de estrés. Una empresa con mucho peso de contratación pública nunca calculó cuántos ingresos le quitaría una prohibición.
  • Vender sin preparar. El comprador encuentra el problema, y este se convierte en el argumento para rebajar el precio y exigir un escrow.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el compliance penal en una empresa, en pocas palabras?

Es un sistema de normas, controles y responsables que evita que la empresa infrinja la ley y, si hay una infracción, ayuda a detectarla pronto y a demostrar que la sociedad tomó medidas.

En España, sus elementos principales son un modelo conforme al artículo 31 bis del Código Penal, un canal de denuncias y, para los sujetos obligados, la normativa de blanqueo.

¿Es obligatorio un programa de compliance en España?

La ley no exige expresamente un modelo conforme al artículo 31 bis, pero sin él la sociedad no puede quedar exenta de responsabilidad penal.

El canal de denuncias es obligatorio para las empresas con 50 o más trabajadores, y la normativa de blanqueo se aplica a los sujetos obligados de la Ley 10/2010.

¿Qué es un compliance officer y hace falta?

Es la persona u órgano que supervisa el funcionamiento del modelo.

En una sociedad pequeña, que puede presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el órgano de administración puede asumir ese papel; las demás necesitan un responsable propio con poderes autónomos.

¿Qué multa hay por no tener canal de denuncias en España?

No tener sistema es una infracción muy grave de la Ley 2/2023: la sociedad se expone a una multa de 600.001 € a 1.000.000 €, además de la prohibición de recibir subvenciones hasta 4 años y de contratar con el sector público hasta 3 años.

¿Cuánto cuesta un programa de compliance?

No hay precios oficiales.

En nuestro ejemplo para una empresa de 200 empleados, unos 77.000 € el primer año y 54.200 € los siguientes; con certificación UNE 19601, 89.000 € y 60.200 €.

¿Qué aporta a una empresa la certificación UNE 19601?

Confirma que el sistema está construido según la norma y ayuda en las conversaciones con bancos, grandes clientes e inversores.

Pero la Fiscalía trata el certificado solo como un elemento adicional: la eficacia del modelo la decide el tribunal.

¿La responsabilidad penal pasa al comprador de una empresa?

Sí.

En una compra de participaciones la sociedad es la misma y, en una fusión, absorción o transformación, la responsabilidad pasa a la sucesora según el artículo 130.2 del Código Penal.

Por eso los riesgos de compliance se revisan en la due diligence y se reflejan en el precio, o se cubren con un escrow o indemnidades.

Lo esencial sobre el compliance penal en las empresas

  • Responde la propia sociedad: un modelo conforme al artículo 31 bis con seis elementos puede eximirla si funcionaba antes del delito.
  • El canal de denuncias es obligatorio desde 50 trabajadores; no tenerlo cuesta hasta 1 millón de euros más la prohibición de subvenciones y contratos públicos.
  • La normativa de blanqueo se aplica a los sujetos obligados, mientras que el límite de 1.000 € en efectivo se aplica a todas las empresas.
  • Las multas penales a una sociedad llegan a 9 millones de euros en cuotas diarias o al cuádruplo de la cuota defraudada, más la exclusión de los contratos públicos.
  • En nuestro ejemplo, el programa de una empresa de 200 empleados cuesta 54.000–77.000 € al año, aproximadamente el 1–1,5 % del EBITDA.
  • En una venta, no tener programa cuesta más que implantarlo: rebaja de precio, normalización del EBITDA y escrow.

Fuentes

  • Código Penal (Ley Orgánica 10/1995), arts. 31 bis–31 quater, 33.7, 50, 52, 130, 286 bis, 288, 302, 305, 305 bis, 310 bis, 427 bis — BOE.
  • Ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones — BOE.
  • Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales — BOE; Reglamento (UE) 2024/1624 — EUR-Lex.
  • Ley 7/2012, art. 7 (límite de pagos en efectivo) — BOE; Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, arts. 71–72 — BOE; Ley de Sociedades de Capital, art. 258 — BOE; Ley 58/2003, General Tributaria, art. 66 — BOE.
  • Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado — BOE.
  • UNE 19601:2025 — nota de prensa de UNE, 23.04.2025.
  • Referencias salariales — Payscale, España; cálculos del ejemplo — Finetic, noviembre de 2026, con datos ilustrativos.
Vladislav Panchenko

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